(Des) militarization and political violence: forced disappearance as a dispositive of necropower in northern Mexico

London Journal of Research in Humanities and Social Sciences
Volume | Issue | Compilation
Authored by Salvador Salazar Gutiérrez , NA
Classification: NA
Keywords: militarization, political violence, necropower, forced disappearance, Ciudad Juarez.
Language: English

The text presents a discussion about the implications that the strategy of militarization of public security implemented since 2006 in Mexico, has generated in relation to the increase in violence in various sectors of the population, and specifically in practice of the forced disappearance by agents of the Mexican State. From the analysis of various sources, it reveals how the implementation of the Operativo Conjunto Chihuahua-Juarez, was the example of a policy based on the production of disposable bodies.

               

 (Des) Militarization and Political Violence: Forced Disappearance as a Dispositive of Necropower in Northern Mexico

Salvador Salazar Gutiérrez 

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ABSTRACT

The text presents a discussion about the implications that the strategy the militarization of public security implemented since 2006 in Mexico, has generated about the increase in violence in various sectors of the population, and specifically in practice of the forced disappearance by agents of the Mexican State. From the analysis of sources, it reveals how the implementation of the Operativo Conjunto Chihuahua-Juarez, was the example of a policy based on the production of disposable bodies.

Keywords: militarization, political violence, necro power, forced disappearance, Ciudad Juarez.

  1. INTRODUCCIÓN

A partir de un trabajo como perito especialista ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), relacionado con un caso de desaparición forzada operado por elementos militares adscritos al Operativo Conjunto Chihuahua-Juárez, el artículo propone un análisis de las implicaciones de la presencia de militares en tareas de seguridad pública, en específico considerando los periodos de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006 a 2012) y Enrique Peña Nieto (2012 a 2018). El texto sostiene que la desaparición forzada, ha constituido un mecanismo por parte del Estado mexicano que remite a la lógica de necropolítica (Mbembe, 2011), perspectiva que según el filósofo camerunés da cuenta cómo gobiernos someten la vida a un poder encargado de reproducir la muerte como dispositivo de control. En este sentido, la relación que establezco entre militarización y violencia política, adquiere relevancia en un contexto sociohistórico en la frontera norte de México, caracterizado por una expansión del brazo punitivo del estado, la extinción de las políticas de bienestar, y la puesta en marcha de una estrategia selectiva encargada de contener y desaparecer vidas consideradas eliminables (Salazar y Curiel, 2012).    

El artículo comprende cuatro apartados. El primero describe a partir de la relación entre las categorías de violencia política y seguridad pública, la implementación de una política contenciosa y de violación sistemática a derechos humanos, a partir de la puesta en marcha de operativos policiaco-militares subordinados a la operatividad logística castrense. Para ello, describe  qué significó el Operativo Conjunto Chihuahua-Juárez, con una presencia  entre el 2008 y el 2011, así como el andamiaje que significó el compromiso de implementación de este tipo de política a partir del acuerdo binacional Iniciativa Mérida.

El segundo apartado, retoma la categoría de necropoder (Mbebme, 2011), para evidenciar la configuración de una política de militarización de la seguridad pública, dando como resultado la  violación sistemática a derechos humanos, y específicamente la práctica de la desaparición forzada por agentes del Estado mexicano vinculados a los operativos conjuntos. Para fortalecer dicho argumento, el tercer apartado muestra el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre desaparición forzada –Caso Alvarado Spinoza y Otros vs México-, que significó la evidencia pública a partir de una sentencia condenatoria,  de cómo las fuerzas armadas han implementado una serie de prácticas violatorias a los Derechos Humanos, así como la severa crisis de paradigma en torno a la seguridad pública que enfrenta el Estado mexicano.  Un aspecto clave resultado de la sentencia emitida por la Corte, fue el establecer cuatro principios básicos de regulación que debe imperar en cualquier intención de favorecer la actuación de las fuerzas armadas en tareas reservadas a la policía civil: extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada, y fiscalizada.

El cuarto apartado, busca dar un giro de interpretación, a lo que ha significado la simulación de cambio en torno a la perspectiva de seguridad pública por parte del actual gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador. En febrero del 2019, se emitió el decreto por el que se crea el organismo denominado Guardia Nacional. Una organización “híbrida” que plantea operar, a partir de una relación dual civil-militar, en tareas de apoyo a la seguridad pública, y que ha generado un fuerte debate en el marco de los Derechos Humanos.  

Paisaje de militarización de la seguridad pública (violencia política) en el norte de México.

Si bien, a lo largo de la historia en México se ha mostrado las implicaciones de la participación de elementos de las fuerzas armadas en diversas tareas vinculadas a labores de la policía civil, en las dos últimas décadas ha sido una constante la presencia de operativos policiaco-militares en torno a tareas destinadas a la seguridad pública, en los que la constante es la violación sistemática a Derechos Humanos reconocidos por el propio Estado mexicano. Por violencia política, haré referencia a todo proceso instrumentalizado y orientado a la formación, distribución y ejercicio del poder por parte del Estado, con la intención de establecer un dominio de facto sobre una región y su población (González Calleja, 2017).  Partiendo de ello, militarización de la seguridad pública implica la subordinación de las tareas prevención, investigación y persecución de diversos delitos, tanto del fuero común como federal, a la actuación y estrategia represiva castrense que, en el contexto reciente de crisis en relación a la inoperancia del Estado para contener los altos índices de violencia en diversas regiones del país,  ha constituido una medida en la búsqueda de legitimar la posición del Estado ante la presencia del narcotráfico y el crimen organizado.

El primer aspecto a destacar, refiere a lo que varios autores han planteado como la ambigüedad jurídico-procedimental en torno a la perspectiva de la seguridad pública, dando como resultado la tendencia de ampliar el rango de participación de elementos de las fuerzas armadas. Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, establece que por seguridad pública define toda función cuya finalidad sea

“…salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,).

Esta definición, en la perspectiva de Muñoz Castellanos (2017), presenta dos interrogantes centrales. Por un lado, no queda claro en manos de quién se cumple dicho mandato, es decir la autoridad o  cuerpo ejecutor de dicha prevención; mientras que por otro lado, coloca dos enfoques que enfrentados entre sí, resultado con ello una serie de ambigüedades en la interpretación jurídica: la prevención y la reacción[1]: “si bien es cierto que su corte es preventivo,  también es cierto que al señalar  las facultades de investigación y persecución ambas representan el corte reactivo de la seguridad pública” (Muñoz Castellanos, 2017;150).

Más allá de una discusión a fondo con respecto a la falta de claridad conceptual que enfrenta el enfoque de la seguridad pública en su anclaje normativo y procedimental, es importante para la intención del presente texto, dar cuenta de las implicaciones que ha generado la participación de elementos de las fuerzas armadas, en torno a la dicha ambigüedad, propiciando con esto un paisaje de indefensión y violación sistemática a derechos humanos en el país.

Ahora bien, con la intención de caracterizar dicho paisaje, y de manera específica el impacto que generó la práctica de la desaparición forzada por parte de elementos de las fuerzas armadas, a continuación describiré dos antecedentes centrales que permiten dar cuenta de la apuesta por parte del Estado mexicano en torno dicha estrategia: el acuerdo binacional Iniciativa Mérida, y el Operativo Conjunto Chihuahua- Juárez.  

La Iniciativa Mérida

No se puede comprender el escenario actual de irrupción de la violencia en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, así como las estrategias de “seguridad pública” llevadas a cabo por el gobierno mexicano, sin tener presente el acuerdo binacional denominado Iniciativa Mérida. En Marzo del 2007, durante el encuentro que sostuvieron los presidentes Felipe Calderón y George Bush en la ciudad de Mérida, se formalizó el plan de apoyo logístico y financiero de seguridad, considerado como un esquema de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, que permitiría fortalecer y complementar los esfuerzos internos contra la delincuencia organizada transnacional.

“Los gobiernos de México y Estados unidos, comparten una profunda preocupación por la amenaza que representa para nuestras sociedades la operación de organizaciones criminales que actúan en ambos lados de nuestra frontera común. La creciente capacidad operacional y financiera de los grupos criminales involucrados en el tráfico de drogas, armas y personas, así como de otras actividades criminales trasnacionales, representan una contundente amenaza para las vidas y el bienestar de los ciudadanos de México y Estados unidos. Ambos países establecerán como una prioridad combatir el poder y la impunidad de las organizaciones criminales y del narcotráfico, que amenazan la salud y la seguridad pública de sus ciudadanos, así como la estabilidad y la seguridad de la región.” (SER, México, 2007)[2]

El acuerdo destacó en su momento tres ejes de acciones: 1) reforzar los esfuerzos internos de procuración de justicia en México; 2) reforzar los esfuerzos internos de procuración de justicia en Estados Unidos; y 3) ampliar la cooperación bilateral y regional dirigida a la amenaza que representa la delincuencia transnacional organizada (SRE, México, 2007). En específico, destacó la prioridad de favorecer la adquisición de equipo militar de vigilancia[3], así como el adiestramiento y capacitación de mandos militares y policiacos pertenecientes al Estado mexicano:

“para incrementar las capacidades operativas, nuestras estrategias incluyen una renovada transferencia de equipo y recurso técnico, de acuerdo con las normas correspondientes de transparencia y rendición de cuentas de ambos países. Asimismo, la estrategia incluye programas de capacitación e intercambio de expertos, pero no contempla el despliegue de personal militar estadounidense en México[4]” (SER, México, 2007).

De manera particular, el acuerdo buscó  considerar “un compromiso de protección y/o defensa de derechos humanos y establecer mecanismos para una relación continua con la sociedad civil” (Woodrom Wilson International Center, 2009). Aquí radica una de las preocupaciones fundamentales del gobierno de los Estados Unidos, el problema de la corrupción en los organismos de seguridad pública en México y la violación sistemática de los derechos humanos (Chabat, 2010). El estudio “Abuso y miedo en Ciudad Juárez: un análisis de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en México” de Meyer, Brewer y Cepeda (2010), es claro y contundente al mostrar el fracaso que significó en su momento la implementación de este acuerdo bilateral, en su compromiso de garantizar la defensa de los derechos humanos.

El rol de las fuerzas armadas como principal actor en los operativos antidroga ha llevado a un aumento en los abusos dada la impunidad de la que históricamente han gozado las fuerzas castrenses mexicanas. Pero también hay otros peligros asociados a la participación de los militares en operaciones de seguridad pública relacionados con las diferencias en entrenamiento y mandato entre las fuerzas. Las fuerzas armadas están entrenadas para actuar en situaciones de combate, en las cuales el objetivo es eliminar al enemigo mediante el uso de la fuerza sin consideración alguna por el bienestar del enemigo. Por el contrario, las fuerzas policiales están entrenadas para interactuar con civiles dentro de un marco básico de derechos constitucionales. Debido a las diferencias en cuanto a roles y tácticas, los conflictos y abusos son prácticamente inevitables cuando se asigna a los militares tareas que corresponden a la policía. Aparte genera serias dudas acerca de la práctica actualmente extendida de nombrar a militares en cargos de mando en las fuerzas policiales locales. (Meyer, Brewer y Cepeda, 2010;10)

En el año 2006, al ser electo presidente de la República el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, llevó a la práctica la participación directa de comandos militares en torno a tareas de seguridad pública en diversas regiones del país. Los operativos conjuntos, fueron estrategias que se caracterizaron por una falta de coordinación entre diversos gobiernos locales y el gobierno federal, ante el incremento de la violencia expresada en un número creciente de homicidios, secuestros, y presencia de grupos vinculados al narcotráfico.

Operativo Conjunto Chihuahua-Juárez

El 21 de Marzo del 2008, el entonces Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, anunció el inicio de la estrategia de seguridad pública denominada Operativo Conjunto Chihuahua- Juárez, con el que se desplazarían a esta ciudad fronteriza más de dos mil efectivos militares para contribuir al resguardo de la ciudad junto con las policías estatal y municipal. Tan solo cinco días después del anuncio, los militares asumieron el control  de las instalaciones y funciones de seguridad pública del Estado y el municipio. Para inicios del 2009, existían en la ciudad más de siete mil efectivos del ejército que tenían a su mando el control y tareas de vigilancia de la ciudad (Salazar y Curiel, 2012).

El discurso oficial en relación a incorporar militares en actividades de seguridad pública, constituye uno de los ejes clave al proceso de militarización que se promovió por medio de los operativos conjuntos en diversos lugares del país. En el 2009, el Ejecutivo Federal pronunciaba las siguientes palabras ante elementos del ejército adscritos al Operativo Conjunto Chihuahua: “En Ciudad Juárez derrotaremos al crimen organizado, porque nuestras Fuerzas Armadas no se arredrarán ni desistirán jamás”[5].  El uso retórico que buscó legitimar las acciones directas de confrontación con los cárteles del narcotráfico, alcanzó su expresión más contundente en la expresión “guerra contra el crimen organizado”. Una política belicista por parte del gobierno federal, transitó como diáspora a diversos escenarios de la administración estatal en regiones del país. Para el caso específico de Chihuahua, la constante fue el llamado al gobierno federal para la participación de efectivos militares en tareas de seguridad pública bajo la justificación de la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico en las policías locales.

Si bien el uso legítimo de la fuerza, por organismos de cualquier Estado moderno democrático, parte de una necesidad básica y fundamental: “que no sean los particulares quienes resuelvan sus diferencias por propia mano y bajo sus propias reglas, sino que sea una entidad distinta la que resuelva dichas controversias, aun empleando la fuerza” (Guerrero Agripino y De Santiago Álvarez, 2013:35), el problema es el uso indiscriminado de la fuerza que, en palabras de Ernesto López Portillo: “la salida de las fuerzas armadas a las calles a realizar las tareas de seguridad pública, invierte el principio del uso racional de la fuerza, dominante en el mundo democrático contemporáneo, al ubicar el instrumento del uso máximo de la fuerza en el papel de recurso regular, multiplicando ad infinitum los riesgos del exceso” (López Portillo, 2016:07).

Ejemplo de ello es, que al transcurrir los primeros meses de implementación del operativo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Chihuahua, dio cuenta de un número de 1422 quejas en relación a diversos actos de violación a Derechos Humanos por parte de integrantes de las corporaciones policiacas y del ejército[6]: allanamiento de morada, detención ilegal, robo, tortura, amenazas, desaparición forzada, incomunicación, entre otras. Al respecto, la perspectiva crítica de los derechos humanos (Gallardo, 2010), sostiene un cuestionamiento a la fragilidad de los Estados, que han producido una sociedad fracturada, una economía excluyente y la entronización de élites de gobiernos a partir de instrumentos de coerción, como ha sido la participación del ejército en diversas actividades de seguridad pública en franca violación a los derechos humanos.  

En el 2009 The Human Rigths Watch publicó un documento titulado “Impunidad Uniformada. Usos indebidos de justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”. En él detalla un panorama de prácticas violatorias por parte de militares a la población en general a partir de la “desaparición forzada”. El documento dio cuenta que:

“México ha utilizado a las fuerzas armadas en operativos contra el narcotráfico y la insurgencia durante décadas. No obstante, la visibilidad de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública ha incrementado drásticamente durante el gobierno de Calderón, quien ha planteado el despliegue del Ejército como una de sus estrategias clave para combatir al narcotráfico y mejorar la seguridad pública. Miles de integrantes de las fuerzas armadas han sido incorporados a la policía federal y más de 40.000 efectivos entre militares y policías han sido asignados a distintas partes del país. En ciudades muy violentas, como Ciudad Juárez y Tijuana, los gobiernos locales han designado a militares de alto rango al frente de la policía. Si bien el gobierno de Calderón ha señalado que el uso del Ejército es de carácter temporal, aún no ha presentado siquiera un plan provisional para el repliegue de las tropas…” (Human Rigths Watch, 2009;02).

En general, podemos concluir que la implementación de operativos policiaco-militares como el Operativo Conjunto Chihuahua-Juárez, fueron resultado de una política a gran escala de impulso a la militarización de la seguridad pública en diversas regiones del país. Ante la presión interna por parte de diversos sectores de la población que enfrentan el colapso de sus experiencias cotidianas resultado del incremento de violencias, así como externa como da cuenta el acuerdo Iniciativa Mérida,  el Estado mexicano ha promovido una estrategia de subordinación de las corporaciones policiacas municipales, a una estructura jerárquica y de mando militar, resultado con ello una crisis sistémica en relación a los Derechos Humanos.  

  • La desaparición forzada como dispositivo de necropoder

En los últimos años, uno de los fenómenos de mayor preocupación en México, ha sido el de personas extraviadas o desaparecidas[7]. Un número importante de estos casos, como bien lo dan a conocer diversos abordajes periodísticos[8], están vinculados al mundo del narcotráfico y el crimen organizado, como resultado del reclutamiento forzoso que se genera sobre diversos sectores de la población, principalmente jóvenes (De la O, María Eugenia y Flores Ávila,                                            


[1] El autor ejemplifica esta problemática de vacío legal en torno a la relación prevención-reacción, en relación al surgimiento en agosto del 2014, de la Gendarmería como unidad operativa de la Policía Federal, a cargo de implementar operativos en aquellas zonas en las que exista presencia de la delincuencia organizada o altos índices delictivos.

[2] Dicho enfoque se fundamenta en la perspectiva que el gobierno Federal de México planteó en el 2007, como parte de su política exterior a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Consultar en https://embamex.sre.gob.mx/ suecia/index.php /en/comunicados/ 6-comunicados-2007/ 306--sp-998823279

[3] Para el 2010, Estados Unidos había destinado $1.5 mil millones en asistencia para México bajo la Iniciativa Mérida con el fin de combatir el tráfico de drogas y la violencia asociada al mismo, incluyendo asistencia para la reforma judicial, el desarrollo institucional, la lucha anticorrupción y el fomento del Estado de Derecho. Se estima que entre 2008 y 2010 el Departamento de Defensa de Estados Unidos destinó $80.9 millones a financiar la lucha antidroga en México (Meyer, Brewer y Cepeda, 2010).

[4] Si bien en el acuerdo se estableció el “no despliegue de personal militar estadounidense en México”, considerado el “pleno respeto de la soberanía, la jurisdicción territorial y el marco legal de cada país; y están orientados por los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida y reciprocidad.” (Iniciativa Mérida, 2007), diversas notas periodísticas han evidenciado la participación de elementos de organismos como la DEA o el FBI, en diversos operativos de búsqueda y detención de personas que se consideraban vinculadas al narcotráfico.

[5] Boletín Presidencia de la República “Junto con el ejército, derrotaremos en Juárez al crimen organizado: Presidente Calderón”. En Presidencia de la República (sitio oficial), 14 mayo del 2009. http:// calderon.presidencia. gob.mx/ 2009/05/ junto-con- el-ejercito- derrotaremos en-juarez -al-crimen-organizado-presidente-calderon/

[6] Referencia “Suman 1450 quejas contra el ejército” publicada en el periódico El Universal, el 10 de septiembre del 2009. Consultar en https://archivo.eluniversal.com.mx/ estados/ 73044.html

[7] Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reconoce entre enero del 2014 y abril del 2018 en todo el país, un total de 37,435 casos. Vale la pena destacar,  el 63% corresponde a población en el rango de edad de 15 a 34 años.  Consultar en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/reg- istro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped

[8] El 31 de agosto del 2019, el Heraldo de Chihuahua publicó una nota titulada “Hay 306 fosas clandestinas en Chihuahua”. En él, da cuenta a partir de datos generados por la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaria de Gobernación, que la entidad ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en torno al fenómeno, y que varios de estos casos están relacionados con la práctica de desaparición de personas por parte del crimen organizado.



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